Bolívar olvidado por los "bolivarianos"

  Por Eduardo Correa

    

      

    “No he vacilado en mostrarme severo contra los delincuentes que se alimentan de la sangre de sus conciudadanos”

      Como se sabe, Simón Bolívar luchó en forma denodada por la honradez  en la administración pública y junto a su ministro de Hacienda, el también incorruptible José Rafael Revenga, fueron a la caza de cualquier defraudador de los dineros de la patria, sin importar la magnitud del cargo y del tamaño de quien lo detentare. El Libertador legisló, y esto es conocido, contra lo que consideró como un veneno  mortal y que a cualquier gotita que tratare de inocularse en las sanas venas del cuerpo del país, se le debía poner rápido torniquete o de lo contrario  podía dar al traste con la salud de la república misma y en virtud de ello asomó posturas, además de lo puramente legal, que tenían que ver con el campo de la ética,  de la moral y de la personalidad del individuo con miras a combatir el cáncer de la corrupción de manera preventiva. Y eso conllevaba a emplear a los mejores, a los más aptos y sobre todo, a los más honrados en los cargos.  A tal punto, que llegó a sostener que debían ocupar los puestos los honestos sin importar si estos eran adversarios.

       Es por ello que consideramos oportuna la ocasión para preguntarnos,  ¿Hemos seguido el pensamiento y las posturas bolivarianas respecto de la corrupción en la administración pública? ¿O tenemos algún rezago en este especial campo bolivariano? ¿De existir la rémora, debemos empezar de inmediato a aplicar, de modo decidido y sin contratiempos,  sus ideas y sus acciones ejemplares en esta materia y tomando en consideración el tiempo crucial que vivimos? ¿Qué esperamos para poner en práctica toda esa riqueza moral del fundador de la patria? Veamos sus palabras en este asunto vital: “He sabido que hay quejas contra algunos funcionarios públicos. Para el Gobierno nada será más útil ni más satisfactorio que corregir los abusos de la Administración, porque nada desea tanto el Gobierno que el verse apoyado por los legisladores para rectificar la marcha de los negocios. Que se acuse a cuantos cometen faltas y todo se corregirá… Yo seré el primero”. ¿Hemos sido fieles a este ideal? Todo indica que no nos hemos apegado debidamente a las exigencias del genial caraqueño en cuanto a corrupción se refiere y más bien lo que se escucha son cosas como estas, cuando se denuncia o se presume que algún funcionario público a incurrido en desviación o malversación o en corrupción misma: “Si alguien tiene pruebas de alguna irregularidad que vaya a un tribunal y las presente”. Legalmente esto es así, claro está, pero es que estamos hablando de una forma de prevenir el mal siguiendo el pensamiento bolivariano, que además de legislar sobre el problema, también sentó las directrices morales y ciudadanas para que a través de fórmulas preventivas pudiéramos atacar rápidamente el terrible flagelo  antes de que este se convirtiera en un problema más serio y profundo. ¿Y qué es lo que planteaba Bolívar en aras de prevenir el mal? Arriba apuntamos algunos aspectos, pero además,  un bolivariano en posición de poder o al frente de cualquier cargo, al no más presentarse los signos que lleven a la presunción de que el funcionario podría estar incurso en malos manejos de la cosa pública, de manera inmediata la instancia superior debe  separarlo del cargo, si es que este no lo ha hecho todavía como ha debido  hacerlo. ¿Y qué se busca con esto? Desde la óptica bolivariana esto significa que  ningún servidor público debe estar bajo la más mínima sospecha de corrupción y el primer interesado en limpiar su nombre y su gestión debe ser él mismo, porque si algo debe ser transparente o cristalino, eso es precisamente la administración de los recursos de la nación, por aquello que sostenía Bolívar: “La Hacienda Nacional no es de quien nos gobierna. Todos los funcionarios y depositarios de vuestros intereses deben demostrarnos el uso que han hecho de los Fondos Públicos”. Por eso, ante la presunción, el funcionario que es inicialmente acusado  -si es que este es un seguidor verdadero de los postulados bolivarianos-  de inmediato debe someterse al escrutinio popular mediante ese acto de desprendimiento y sostener ante los organismos de rigor que deja  el cargo y se pone a la orden de las instituciones para que sea revisada su actuación. Y si esto no ocurriere, repetimos, el superior inmediato debe tomar la decisión para que actúen en consecuencia las instancias competentes, si es que estas no han actuado, tal como están obligadas a hacerlo por “Notitia Crimines”.

      En tiempos de Bolívar,  los empleados de mayor jerarquía tenían responsabilidad –claro que ahora también, pero poco se nota o se aplica- sobre quienes detentaban puestos menores. De allí que estableció El Libertador el Decreto del 16 de septiembre de 1824, mediante  el cual “los funcionarios superiores del Estado respondían por la incompetencia de los subalternos que habían obtenido el cargo mediante recomendación”. Y esa responsabilidad surtía sus efectos, no solo en la incompetencia, sino también en su desenvolvimiento administrativo y de existir alguna anomalía –señalamientos de corrupción- en sus funciones, quedaba fuera cualquier solidaridad automática o cualquier actitud que comprendiera desestimar la denuncia o desafuero, si los había. Primero estaba la suerte de la república y sus instituciones y Bolívar lo tenía tan claro que él mismo admite haber sido muy severo respecto de los malos manejos de la cosa pública. Veamos lo que dijo sobre este asunto: "Yo sé que las penas capitales -escribió en una oportunidad- participan de la crueldad, pero la existencia del Estado es preferente a todo. Así no he vacilado en mostrarme severo contra los delincuentes que se alimentan de la sangre de sus conciudadanos".